En los mercados del juego maduros, la regulación cumple tres objetivos fundamentales: proteger a los consumidores, mantener la integridad y generar ingresos fiscales. ¿Qué ocurre cuando este último objetivo pasa a prevalecer sobre los anteriores? ¿Cómo está afectando el coste del cumplimiento normativo a los operadores y empujando a los jugadores hacia mercados no regulados? ¿Hasta qué punto han sido eficaces las conversaciones entre operadores, reguladores y gobiernos para controlar estos costes?